La reciente aprobación de la pena de muerte para prisioneros palestinos fue fuertemente criticada por el movimiento de resistencia islámica libanés Hezbolá, que calificó la medida como una nueva forma de escalada contra la población en los territorios ocupados.

La milicia chií señaló que la decisión del Parlamento israelí (Knéset) constituye una ruptura de los compromisos internacionales en materia jurídica y humanitaria, al contradecir normas que protegen la vida y la integridad de los civiles sin distinción de condición.

A través de un comunicado, Hezbolá advirtió que “esta medida representa un paso peligroso hacia la institucionalización de la muerte de los prisioneros”, además de intentar otorgar carácter legal a prácticas denunciadas desde hace décadas, como la tortura, negligencia médica y otros abusos en las cárceles israelíes.

La resistencia islámica libanesa subrayó que la magnitud de esta decisión obliga a la comunidad internacional y a los mecanismos de protección, como el Consejo de Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja, a intervenir para frenar lo que describió como un incremento de los crímenes de odio.

Por otra parte, desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza el 7 de octubre de 2023, se han registrado más de 72.280 palestinos asesinados, crímenes que Hezbolá atribuye a la falta de acción internacional y al silencio frente a las violaciones cometidas contra niños, mujeres y ancianos.

El grupo responsabilizó a la comunidad internacional por no implementar medidas efectivas en apoyo a la causa palestina, lo que, a su juicio, ha permitido la continuidad de los abusos y el desplazamiento de población en medio del conflicto.

La reforma aprobada por el pleno del Knéset establece la pena de muerte por ahorcamiento para quienes sean declarados culpables de asesinato terrorista, según la interpretación que hagan las cortes del sionismo. La votación cerró con 62 votos a favor y 48 en contra, obligando a los tribunales militares a aplicar la condena a palestinos en Cisjordania ocupada, mientras que los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes podrán optar por la cadena perpetua bajo condiciones específicas.

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